Política y economía local

Quince meses en el ayutamiento de Ribadeo dan para mucho. He aprendido un montón sobre la gestión municipal, al menos la de un ayuntamiento de este tamaño.

Por ejemplo, he aprendido que el control desde el poder político sobre los destinos del municipio es relativamente escaso debido a la falta de fondos. El dinero que se trasmite por el Estado apenas da para cubrir los gastos corrientes, con lo que cualquier iniciativa fuera de mantener la inercia de funcionamiento heredada, con sus costes (salarios, factura de la luz, combustibles, etc.) debe proceder de otras administraciones: ministerios, consellerías o diputación.

Lo malo es que las diferentes administraciones no entregan el dinero para que hagas lo que estimes oportuno, sino que, en el uso de sus competencias, definen sus propias líneas de inversión. Así, deciden que promueven o subvencionan energías renovables, pabellones polieportivos, paseos marítimos, polígonos industriales, defensas portuarias, determinadas repoblaciones forestales, desbroces de pistas, técnicos de empleo, técnicos de asunstos sociales, técnicos de normalización lingüística, personal de protección civil, de turismo... Estas otras administraciones construyen en realidad un ayuntamiento paralelo, manejando tantos fondos o más que el propio concello, diseñando un desarrollo pret-a-porter que a menudo no encaja con la talla del municipio: le sobra de manga y le falta de sisa, o a la inversa.

De esta manera, gran parte del dinero que se emplea en actuaciones ambientales, obras públicas, mantenimiento de infraestructuras, o contratación de personal no está decidido por el propio ayuntamiento, sino desde centros de decisión más o menos lejanos, con mayor o menor conocimiento de las necesidades de cada población. Por supuesto, cada concello es libre de aceptar o no tales subvenciones, de hacer o no las obras o de contratar o no ese puesto de trabajo, pero de hecho, si no lo hace, al no poder hacer tampoco otra cosa, se le tachará de inacción, y la gestión realizada será de difícil defensa ante la comparación con concellos vecinos.

Lo peor de las subvenciones es que además, te la dan o no te la dan, y que salen si salen y cuando salgan. En definitiva, imposible saber en enero si vas a tener socorristas, técnicos de turismo, protección civil..., si podrás mantener el sistema de gestión ambiental, si podrás desbrozar las pistas forestales, si habrá escuela de oficios... Es imposible planificar el año, lo que lleva a una política de gestión a salto de mata, donde cualquier medida se ha de improvisar salvo que cuentes con un trifásico en alguna administración de esas que manejan el dinero.

Seguramente es necesaria una simplificación de la estructura de la administración, y la sustitución de las subvenciones por transferencias directas de fondos que incrementen la autonomía municipal y su capacidad de gestión. Los poderes estatal y autonómico deben ser fundamentalmetne legislativos, y de la misma manera que las autonomías deberían participar en el poder central a través del Senado, los ayuntamientos deberían tener capacidad de influencia en las cámaras autonómicas.

Entre tanto, la única opción es buscar fondos detrayéndolos de los gastos corrientes, modificando hábitos del personal contratado y de la ciudadanía y optando a subvenciones que permitan incrementar la eficiencia a través del ahorro en suministros, en energía eléctrica, en combustibles. Pero de ello hablaremos en una próxima entrada, que hoy se ha hechoya  tarde.