Sólo van dos años y medio de
legislatura, pero son ya cuatro desde que Zapatero dobló la rodilla
y comenzó a aplicar el programa del Partido Popular Europeo,
orientado a salvaguardar los intereses de las inversiones millonarias
que el gran capital francoalemán hizo en los países del Sur de
Europa en la última década. Inversiones que fueron el motor la
burbuja inmobiliaria que hundió nuestra economía, y que intentan
recuperar íntegras, sin asumir el riesgo que acompaña a los
beneficios de cuaquier operación financiera.
Recordemos que para que ello sucediera,
el PP y el PSOE han tenido que traicionar a sus votantes, asumir como
públicas las deudas privadas, dar dinero sin control a nuestros
bancos para que pagaran sus compromisos con los alemanes y modificar
la constitución para que cualquier futuro gobierno necesite una
mayoría del 66,6% para romper el compromiso antisocial de pagar la
deuda externa antes que atender las necesidades de los ciudadanos.
Recordemos que para afrontar ese pago
se dió un gran mordisco a los presupuestos, engordado además por
unos intereses artificialmente altos debido a los enjuagues de las
agencias de calificación, con el beneplácito de la Troika y la
sumisión de PSOE y PP.
Ese mordisco es el origen de los
recortes en pensiones, salario de funcionarios, educación y sanidad:
transporte, comedor, becas, libros de texto, despido de interinos,
recorte de salarios, no cobertura de bajas ni jubilaciones, moratoria
de oposiciones, ambulancias, medicamentazo y otros repagos.
Con el PP en el gobierno, la política
económica se vió aderezada con medidas autoritarias y
antidemocráticas como la devolución del control de la RTVE al
gobierno de turno y la expulsión de los profesionales independientes
de la televisión y la radio públicas (¿alguien recuerda a Toni
Garrido o Pepa Bueno?). Además, en aplicación de su conocido plus
casposo, reintrodujo la religión en el expediente académico,
eliminó la educación para la ciudadanía, intensificó el apoyo a
la educación privada desviando fondos de la pública, inició la
modificación de la ley del aborto y continúa haciendo concesiones a
la Conferencia Episcopal.
La privatización de servicios públicos
en todos los ámbitos, incluso con pérdidas económicas para las
administraciones, es constante. El ataque al medio ambiente, con la
recuperación de propuestas obsoletas como el Trasvase del Ebro o el
ladrillazo en la costa, el frenazo a las renovables, son otros
retrocesos marca de la casa Popular.
Sin embargo, no olvidemos que en el
aspecto económico el alineamiento de PP y PSOE con las grandes
empresas es total: a lo largo de estos años hemos visto crecer el
coste de los servicios provistos por empresas que antes eran públicas
y que fueron privatizadas con la promesa de que la competencia
abarataría los costes: los proveedores de electricidad, los
combustibles y las telecomunicaciones, trufados de exministros de
ambos partidos, son los grandes beneficiarios de la política de
puertas giratorias.
En resumen, en estos años de crisis
hemos aprendido mucho, hemos sufrido más, y nos queda mucho que
pasar por delante. Hoy sabemos que los dos grandes partidos españoles
nos mienten en cada campaña electoral, y que luego actúan según
los mandados del 1%. También conocemos su nula respuesta ante los
innumerables casos de corrupción y su financiación irregular que
les da ventaja en las campañas electorales.
Ahora queda saber si vamos a hacer algo
por cambiar las cosas, o nos conformamos con lamentarnos en el bar,
quien se lo pueda permitir, o llorando por las esquinas, el resto. Si
queremos que cambien, el lenguaje que entienden es el del castigo
electoral. Nosotros puede que les votemos por lo que dicen que va a
pasar o lo que dicen que van a hacer, olvidando por un momento su
responsabilidad en lo que nos está pasando: ese olvido nos saldrá
caro.
Al día siguiente de su victoria
electoral dirán y publicarán que con nuestro voto refrendamos su
gestión pasada, incluso que juzgamos sus casos de corrupción y los
hallamos inocentes. No sólo no cambiarán, sino que reforzarán sus
posiciones e intensificarán sus políticas antisociales. Puede que digan que lo hacen por mandato de la UE, pero esas políticas son las que sus eurodiputados apoyan en Bruselas (¡no soy yo: es mi mano!).
Démosles un susto. Explicitemos nuestro rechazo. Apoyemos OTRAS políticas: salgamos el 25M y echemos OTRA papeleta en la urna.
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